Aborto seguro

La ley de gestación obligatoria de Rajoy

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La ley de gestación obligatoria de Rajoy

Texto de Consuelo Catalá.

El anteproyecto no tiene nada que ver con los derechos sexuales ni reproductivos y mucho menos con la maternidad consciente y responsable

Estamos asistiendo a un debate público sobre la contrarreforma del aborto que el Gobierno de Rajoy acaba de presentar. Titulada como “Ley de protección de la vida del concebido y del derecho de las mujeres embarazadas”, obvia que los derechos sexuales y reproductivos son una realidad en las agendas políticas de los Gobiernos democráticos, y que entre ellos se ubica el aborto voluntario. Un anteproyecto que no tiene nada que ver con el aborto voluntario y sí con el puro control demográfico de la población, de ahí que no dediquen ni un solo artículo a garantizar el derecho a la planificación, el acceso a los medios anticonceptivos así como a su gratuidad.

Los derechos sexuales y reproductivos se han ido conformando cuando aparece el descubrimiento científico de la anticoncepción hormonal a mediados del siglo XX. Un avance, el de la anticoncepción, que para las mujeres significó la posibilidad real de desvincularse del destino biológico de la reproducción, y junto al resto de la ciudadanía iniciar el camino de la vivencia de una sexualidad como lenguaje de relación humana, placentera y gratificante.

La aparición de la anticoncepción no sólo ha supuesto la posibilidad real de separar sexualidad de reproducción, sino también poder distinguir entre el proceso biológico de reproducción y la maternidad, entendiendo ésta ultima como deseo, decisión libre, y proyecto vital de las mujeres y/o sus parejas. Fenómeno éste, de la maternidad libre y responsable, inédito también hasta ese momento en la historia de la humanidad.

La aparición de la píldora anticonceptiva supuso además el pistoletazo de salida de otros muchos avances en el campo de la reproducción, de la sexualidad y de las vivencias de las mujeres y de los hombres; y que han ido conformándose como derechos de ciudadanía: los derechos sexuales y reproductivos. Y donde también se inscribe la Interrupción voluntaria del embarazo.

Unos derechos que parten de la libertad de las personas, y especialmente de las mujeres, para vivir su sexualidad en consonancia con sus valores y creencias. Y en donde el Estado debe garantizar las prestaciones de estos derechos en coordenadas de salud y seguridad.

Dicho todo esto, y leyendo el anteproyecto presentado por el gobierno de Rajoy, con las gafas de los derechos sexuales y reproductivos que nuestro país ha suscrito hasta día de hoy, no me queda más que concluir que estamos ante una ley de gestación obligatoria, con dos excepciones en las que las mujeres podrán abortar in extremis si les conceden permiso jueces y médicos.

Nada que ver con los derechos sexuales ni reproductivos y mucho menos con la maternidad consciente y responsable.

La ley de gestación obligatoria de Rajoy contempla a las mujeres como meros recipientes gestantes, obviando aquello que hace de la maternidad un derecho: el deseo y la libertad de querer ser madre. Poder elegir.

Una elección que significa un salto cualitativo en el hecho de traer hijos a este mundo, ya que supone un vínculo de amor deseado a esos hijos e hijas. Vínculo que mejor garantiza la salud entendida como bienestar tanto para esos hijos como para las familias y por tanto para nuestra sociedad.

La ley de gestación obligatoria de Rajoy, desde el marco de los derechos democráticos, no es enmendable. Porque parte del supuesto de que las mujeres somos meros cuerpos reproductivos sin mayores luces, y por eso no tenemos capacidad para tomar decisiones sobre nuestra salud y nuestra vida, de ahí que en el propio texto se nos incapacite jurídicamente, eximiéndonos de cualquier responsabilidad. Y deriva la toma de decisión a los jueces y a los médicos, en las dos excepciones contempladas.

La ley de gestación obligatoria de Rajoy, en su criterio antidemocrático de impedir cualquier resquicio que pudiera suponer el acceso de las mujeres a una prestación de la IVE, prohíbe incluso la publicidad de los servicios de salud que la realicen, poniendo aún en mayor riesgo la vida de las mujeres.

Traer hijos a este mundo sin que medie el deseo, la libertad y el amor, es obligar al sufrimiento a las mujeres y a sus familias. La ley de gestación obligatoria de Rajoy es un atentado contra los derechos de las mujeres o lo que es lo mismo contra los derechos humanos.

Consuelo Catalá Pérez formó parte del comité de personas expertas para la ley de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo de 2010.

Centro autorizado

La Clínica Acuario Valencia es el primer centro autorizado para realizar abortos en Valencia, desde 1986, por la Consellería de Sanidad.
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